Nuevos casos de asesinatos contra líderes sociales colombianos vuelven a ser titulares de la prensa. Se trata de los sicariatos perpetrados recientemente contra al menos siete hombres, quienes ahora pasan en engrosar la ya amplia lista de exterminio que día tras día crece de manera exponencial durante el régimen uribista de Iván Duque.

Los casos más recientes ocurrieron el pasado el fin de semana, cuando un grupo de hombres armados asesinó a dos defensores de derechos humanos en el convulso departamento de Cauca (suroeste), en un ataque en el que también resultó herido un guardia indígena.

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) informó en un comunicado que los hermanos Albeiro y Luis Hugo Silva Mosquera, al igual que el indígena Daniel Remigio, estaban el domingo -16 de febrero- en una reunión comunitaria cuanto fueron tiroteados por desconocidos en el caserío La Morena, en el municipio Miranda.

La información detalla que ellos «se encontraban en una integración comunitaria, se disponían a salir del lugar y fueron abordados por un grupo de seis hombres armados, quienes dispararon sus armas de fuego en repetidas ocasiones».

Los líderes sociales fueron trasladados al hospital de Miranda, pero «uno de los hermanos Silva Mosquera murió en el hospital, mientras que el otro murió cuando era trasladado» a Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca.

Mientras tanto, Remigio fue remitido a la Clínica Valle de Lili, de Cali, en donde permanece ingresado. Los hermanos Silva Mosquera pertenecían a Fensuagro, al movimiento Marcha Patriótica y a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc).

Estos asesinatos se suman al del indígena Emilio Dauqui, quien fue tiroteado el sábado -15 de febrero- por desconocidos en el resguardo de Las Delicias, en el municipio de Buenos Aires, días después de que se advirtiera de amenazas de bandas narcotraficantes contra comunidades de la región.

El pasado 31 de diciembre, la ONU divulgó un informe en el que considera que la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas de Colombia «sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos».

Por ese fenómeno también se ven afectadas las comunidades indígenas y afrodescendientes, en particular en los departamentos de Chocó y el Cauca, ambos en la costa del Pacífico.

Dos líderes sociales que fueron secuestrados el pasado lunes -10 de febrero- en la región colombiana de Putumayo fueron hallados sin vida el miércoles -12 de febrero-, de acuerdo a información de medios locales y usuarios de redes sociales.

«Aparecen sin vida los directivos de la JAC (Junta de Acción Comunal) de Villa Fátima, Inspección Galilea, en Puerto Guzmán, Putumayo (suroeste); estaban desaparecidos desde el 10 y el Gobierno no hizo nada», denunció a través de twitter el defensor de derechos humanos Alirio Uribe Muñoz.

Los líderes asesinados fueron identificados como Luis Alberto Parra Lozada y su hijo Jader Alberto Parra, quienes ocupaban los cargos de fiscal de la JAC y coordinador del Comité de Obras de la JAC, respectivamente, en la vereda (aldea) Villa Fátima.

Según la emisora colombiana RCN Radio, los cuerpos fueron hallados en una zona bastante lejana y, al parecer, agentes de la Fiscalía de Colombia llegaron al lugar para hacer las investigaciones.

Ambos líderes fueron sacados de su vivienda, de manera forzada, el pasado lunes por un grupo de personas armadas, quienes dejaron amarradas a la esposa y la madre de los directivos comunales.

Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), con este doble asesinato la cifra de líderes asesinados en 2020 en Colombia sube a 44, mientras que la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo que en los primeros 13 días de 2020 fueron asesinados 10 líderes sociales.

Ese mismo organismo indicó que en 2019 al menos 107 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país y que 13 casos más están en verificación.

Presidente @IvanDuque APARECEN SIN VIDA los directivos JAC Villa Fátima, Inspección Galilea en Puerto Guzmán Putumayo estaban desaparecidos desde el 10 y Gobierno no hizo nada. Hoy aparecieron muertos LUIS ALBERTO PARRA LOZADA Fiscal y su hijos JADER ALBERTO PARRA de Obras.

El asesinato de Ospina Velázquez ocurrió el sábado 8 de febrero, cuando se encontraba en su finca, en el municipio de Tibú, sector de La Carbonera. En horas de la noche, dos sicarios se acercaron en motocicletas y le dispararon varias veces quitarle la vida.

De acuerdo con testigos de la comunidad, Ospina era parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el cual busca que campesinos dejen de cultivar coca y se acojan a programas del gobierno para obtener ayuda económica y empezar a sembrar otros productos.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas que motivaron a asesinar al líder social. Pero, algunas personas consideran que el crimen fue cometido por paramilitares que arremeten contra quien esté relacionado con la sustitución de cultivos ilícitos, entre ellos grupos armados como el Clan del Golfo.

Otro caso parecido es el del líder social Celiar Martínez, quien estuvo secuestrado por cinco meses y fue rescatado en zona rural de Convención. Martínez también trabajaba en el programa de sustitución de cultivos de coca en la zona del Catatumbo.

Exactamente en esa zona, el pasado 10 de enero, asesinaron en Tibú a Tulio César Sandoval, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo – Ascamcat y de Marcha Patriótica.

Otro suceso ocurrió en la misma zona el pasado 20 de enero, cuando fue asesinado -en el municipio de Convención- Fernando Quintero Mena, exconcejal y presidente de la junta de acción comunal de la vereda Guasiles.

El segundo caso reciente es el de Rafael Manotas, líder comunal de Córdoba, asesinado por dos sicarios cuando compartía con unos amigos en la zona rural de Pueblo Nuevo, en el corregimiento de El Poblado.

Manotas, de 52 años, fue asesinado -según las primeras versiones- cuando dos hombres llegaron al sitio donde se encontraba y le dispararon sin mediar palabra.

Refieren medios colombianos que Manotas hacía parte de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de El Poblado y era reconocido gracias a su trabajo comunitario. Trabajaba como mototaxista y lo reconocían en toda la región aseguraron varios miembros de su comunidad.

Frente al hecho, las autoridades del departamento de Córdoba adelantan investigaciones para determinar el móvil del asesinato, aunque sostienen que aún estudian si lo tratan como líder social o no, pues «su nombre no está dentro de los listados como líder social» del departamento.

Las reseñas en los medios tampoco profundizan mucho sobre la información del caso y el asesinato de Manotas, quien habría recibido cuatro impactos de bala. Tampoco se conoce si recibió algún tipo de amenaza previamente.

En apenas mes y medio de 2020 se han registrado varios asesinatos de líderes sociales en Córdoba. Autoridades regionales reportan alrededor de 243 activistas amenazados. Dos de ellos fueron asesinados en los primeros días del años situación que se ha vuelto cotidiana y se ha profundizado desde la llegada deIván Duque a la presidencia.

Jorge Luis Betancourt Ortega, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Francisco del Rayo, en Montelíbano, fue el primer crimen que se registró este año. Luego, fue asesinado cuando terminaba su jornada de pesca Luis Darío Rodríguez Narváez, integrante de la Asociación Unión de Familias Desplazadas y Vulnerables de Tierralta.

La situación de inseguridad de los líderes sociales es criticada por organismos defensores de derechos humanos, aunque no se ha hecho mucho para intentar resolver el problema y reclamar al gobierno de Duque por esta situación preocupante, que es calificada por familiares de las víctimas y las comunidades como un exterminio programado.

Además, los líderes sociales aseguran que no son sólo paramilitares y narcotraficantes los que asedian a las familias colombianas en las regiones más desfavorecidas.

También denuncian que el propio el Ejército y la Policía, en muchos casos, toman la justicia por sus manos y hacen pasar asesinatos de civiles como si fueran guerrilleros, narcos o paramilitares; evocando la triste época de masacres perpetradas por Álvaro Uribe, mejor conocida como falsos positivos, que dejaron fosas comunes escondidas en todo el territorio.

Mientras tanto, Duque asegura que la violencia y el exterminio de estos líderes, que casualmente le adversan, son provocados por narcotraficantes y paramilitares. Además, asegura que ha hecho todo lo posible por disminuir la violencia, pero al mismo tiempo admite que no puede dar seguridad a todos los colombianos.

Las organizaciones que atienden el tema, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), denuncian que desde que Duque llegó al poder han sido asesinadas más de 300 personas reconocidas como líderes sociales, excobatientes guerrilleros que firmaron el acuerdo de paz roto por el propio Duque y activistas de derechos humanos.

Además, advierten que éste podría ser el peor año en cuanto a este delito que ya guarda características relacionados a los crímenes de lesa humanidad.

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