La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la tarde de este jueves 17 de febrero el proyecto de ley que permite la interrupción del embarazo en caso de violación, que ya había sido despenalizado por la Corte Constitucional (CC).

La normativa se aprobó con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones. Todos los bloques parlamentarios dejaron en libertad de conciencia a sus legisladores para que emitieran su voto.

El punto más controversial, y que había retrasado la aprobación del proyecto, era sobre los plazos para llevar a cabo el procedimiento de interrupción del embarazo. Quedando el texto definitivo, con cambios de último momento, así:

Con 75 votos afirmativos, el #PlenoLegislativo aprueba el nuevo texto final íntegro del proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la #InterrupciónEmbarazoEnCasoDeViolación, enviado por @JusticiaAN con los cambios realizados hoy, 17 de febrero de 2022. pic.twitter.com/JGc4GgjR4e

Ese fue el cuarto ajuste que se hizo al proyecto en relación con la temporalidad para poder encontrar los consensos y los votos necesarios para la aprobación. Previamente, se había fijado hasta 28 semanas de gestación para mujeres adultas y sin plazo para niñas; luego se bajó a 18 y 22 semanas, respectivamente, y más adelante a 16 y 18.

La ponente del proyecto, la legisladora Johanna Moreira, dijo en su exposición que la norma no obliga a ninguna persona a realizarse un aborto. «La única posibilidad que da este proyecto es a tomar una decisión», manifestó.

Sobre los plazos, advirtió que estos impedirán que las mujeres de los sectores vulnerables accedan al aborto, pues «muchas no se dan cuenta de que están embarazadas hasta la semana 20».

En su intervención, la asambleísta apeló a la sensibilidad de los parlamentarios: «¿Se han puesto a pensar qué pasaría si su hija de 9, 10, 11, 12 años es violada y está embarazada? ¿Pueden verle el rostro de sus hijas en este momento? ¿Pueden decirles mirando a los ojos que las obligarían a continuar con un embarazo que ellas no desean?«, expresó.

El texto aprobado será enviado al Ejecutivo, que tiene un plazo de 30 días para presentar sus observaciones o disponer su publicación en el Registro Oficial.

Fuente: RT.