Covid-19: El fracaso de las empresas farmacéuticas para garantizar el acceso equitativo a las vacunas contribuyó a la catástrofe de los DDHH en 2021 Actualidad
Por el contrario, monopolizaron la tecnología, bloquearon y presionaron para evitar que no se compartiera la propiedad intelectual, cobraron precios elevados por las vacunas y priorizaron el suministro a los países ricos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en una nueva evaluación de los principales desarrolladores de vacunas contra la COVID-19.
El año pasado se produjeron 10.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, más que suficientes para alcanzar el objetivo del 40% de vacunación mundial fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, el informe, próximamente también en español, Money calls the shots: Pharma’s response to the Covid-19 vaccines crisis (El dinero manda: La respuesta de la industria farmacéutica a la crisis de las vacunas contra la COVID-19) —actualización del informe de Amnistía Internacional de septiembre de 2021 Doble dosis de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID-19— revela que poco más del 4% de la población de países de bajos ingresos se había vacunado con pauta completa a finales del año pasado.
“Mientras los países de ingresos altos acaparaban vacunas y restringían cruelmente el suministro a zonas más pobres del mundo, las empresas farmacéuticas fueron decisivas en la catástrofe de derechos humanos que se estaba produciendo, al dejar en la estacada a quienes más lo necesitaban. Estas empresas podrían haber marcado un hito en 2021. En cambio, dieron la espalda a quienes más necesitaban las vacunas y siguieron como siempre, anteponiendo los beneficios a las personas. Si queremos que 2022 sea el último año de esta pandemia, necesitamos cambiar el rumbo ahora”.
En 2021, Pfizer, BioNTech y Moderna previeron unos ingresos de hasta 54.000 millones de dólares, y sin embargo suministraron menos del 2% de sus vacunas a países de bajos ingresos. Las empresas chinas Sinovac y Sinopharm sólo entregaron a países de bajos ingresos el 0,5% y 1,5% de sus vacunas, respectivamente.
Los registros de Johnson & Johnson y AstraZeneca en cuanto a la distribución fueron mejores: el 50% de sus existencias llegaron a países de ingresos bajos y medianos bajos (muchas de estas dosis se suministraron como “donaciones” de países de ingresos altos y no como parte de contratos de venta). Sin embargo, ambas empresas siguen negándose a compartir su tecnología y propiedad intelectual a través de iniciativas coordinadas por la Organización Mundial de la Salud y están ahora abandonando sus sistemas de precios sin ánimo de lucro.
“A pesar de los miles de millones de financiación pública, estas empresas siguen anteponiendo su propia codicia a sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Es sumamente preocupante que se dé prioridad a los beneficios por encima de las personas, especialmente cuando, hasta la fecha, han muerto más de 5,6 millones de personas a causa de la COVID-19. ¿A cuántas variantes más tendremos que sobrevivir para que los países de ingresos altos y las empresas farmacéuticas comprendan que la población de los países de bajos ingresos —no sólo la de los países ricos— debe tener acceso a las vacunas?”, ha señalado Rajat Khosla.
La empresa de análisis e información de carácter científico Airfinity ha aportado otras conclusiones que incluyen, a fecha 31 de diciembre de 2021, las siguientes:
El informe de Amnistía también señala que estas empresas no comparten su propiedad intelectual, sus conocimientos ni su tecnología, ponen obstáculos al acceso justo a las vacunas, y presionan activamente contra la flexibilización de los derechos internacionales de propiedad intelectual.
“La lucha por las vacunas equitativas aún no ha terminado”, ha afirmado Rajat Khosla. “Seguiremos instando a las empresas farmacéuticas a que den prioridad al suministro a los países de bajos ingresos para cumplir el objetivo de la OMS de vacunar al 70% de la población mundial antes de mediados de 2022. Todas las personas merecen la oportunidad de recibir una vacuna y, ahora que entramos en el tercer año de la pandemia, es hora de que todas las personas, vivan donde vivan, tengan acceso inmediato a ella”.
Amnistía Internacional también exige a las empresas que compartan la propiedad intelectual mediante la expedición de licencias abiertas y no exclusivas o participando en el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP), creado para apoyar el intercambio de licencias abiertas y no exclusivas, divulgar públicamente todos los términos y condiciones y fijar el precio de las dosis de manera que los beneficios no se interpongan en el acceso a las vacunas contra la COVID-19.
“Los inversores también han desempeñado un importante papel en esta crisis mundial. Su falta de actuación efectiva demuestra que, mientras la COVID-19 desataba un sufrimiento inimaginable en millones de personas en todo el mundo, los inversores prosperaban, pero sin hacer nada para garantizar que sus inversiones no provocaran perjuicios en los derechos humanos a causa del enfoque basado en los beneficios que adoptan las empresas farmacéuticas”, ha añadido Rajat Khosla. “Hacemos un llamamiento a los inversores para que se responsabilicen de sus actos inmediatamente y utilicen su considerable influencia para presionarlas a fin de que eliminen los obstáculos al acceso equitativo a las vacunas y promuevan la responsabilidad y la transparencia”.