En Colombia se continúan registrando casi diariamente asesinatos contra líderes sociales, activistas de derechos humanos y excombatientes de las guerrillas que firmaron el tratado de paz que rompió el régimen uribista de Iván Duque, y las cifras muestran un incremento alarmante de esta lamentable fenómeno social.

Durante los primeros cuatro meses de 2020 en Colombia -120 días- los asesinatos contra líderes sociales se incrementaron 53 %, con un registro de al menos 111 víctimas mortales, en comparación con el mismo periodo de 2019, cuando la cifra apenas llegaba a los 70 casos.

Según el más reciente informe entregado por la Fundación Ideas para la Paz de Colombia (FIP), denominado ‘El conflicto armado y su impacto humanitario y ambiental’, entre enero y abril las agresiones a líderes sociales aumentaron 10 % y los homicidios 53 %.

El documento, que además muestra la tendencia negativa durante los días dela pandemia por el COVID-19, señala que el mayor número de casos se encuentra en departamentos como Cauca, Putumayo y Antioquia, que junto a Nariño registran un incremento de hasta 5 % en los desplazamientos forzados.

En relación con los combates de la fuerza pública de Colombia durante los días de la pandemia, el informe señala que no se presentaron variaciones significativas, mientras que las acciones de los grupos armados organizados disminuyeron entre los meses de marzo y abril.

Aunque el conflicto armado en Colombia afecta de manera indirecta al país entero, el documento señala que hay zonas donde se ha incrementado la violencia y que en este primer cuatrimestre del año se han visto más afectadas.

Para la FIP, las zonas donde se ha incrementado el conflicto, en esta primera etapa del 2020, se encuentran en los primeros lugares el Pacífico nariñense, el sur del Valle y el norte del Cauca.

El informe expresa su preocupación por el incremento reciente de las muertes violentas en Colombia, sobre todo en regiones como Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle).

Hay otras regiones de Colombia donde también se han incrementado los enfrentamientos entre grupos delictivos y que incluyen el centro y la Costa Pacífica en el Cauca, el departamento de Putumayo, la herradura que va desde el Urabá antioqueño, pasando por el sur de Córdoba, el Bajo Cauca y el sur de Bolívar, llegando hasta el Catatumbo, en Norte de Santander y el norte del Chocó.

Según la FIP, en estos meses de pandemia se han registrado algunas situaciones particulares, como los grupos armados ilegales que “han ordenado restricciones y reforzado el aislamiento, bajo el argumento de que así evitan la propagación del virus; en otros casos, las facciones armadas han incrementado sus acciones contra los líderes y las comunidades”.

Otros de los aspectos importantes destacados por este informe es el medioambiental. En ese sentido, los datos destacan que continúan los problemas ligados a la minería ilegal, la deforestación y los atentados a los oleoductos. En algunas zonas, incluso, se han intensificado.

Las autoridades en el departamento del Huila avanzan en las investigaciones para esclarecer el asesinato de un líder comunal que se registró en el barrio San Juanito del municipio del Algeciras, al noreste del territorio huilense.

La víctima fue identificada como Saúl Rojas González, de 69 años de edad, quien se venía desempeñando como presidente de la Junta de Acción Comunal de mencionado barrio.

Versiones preliminares señalan que la víctima se encontraba en una tienda de su propiedad, cuando fue abordado por varios sujetos armados, que sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones, provocándole la muerte.

Pese a que el líder comunal fue trasladado al centro hospitalario del municipio para recibir atención médica, al lugar llegó sin signos vitales.

Una vez se conoció el asesinato que generó conmoción a los habitantes del sector, el Departamento de Policía inició las investigaciones para establecer los móviles del caso e identificar a los responsables.

Al lugar se desplazaron unidades investigativas para recolectar elementos materiales de prueba que permitan esclarecer el asesinato y encaminar las acciones operativas a la captura de los autores de este crimen.

La comunidad del barrio San Juanito pide a las autoridades agilizar las indagaciones y entregar resultados próximamente, para que el homicidio de Saúl Rojas González no quede en la impunidad.

En lo que va de 2020, este es el municipio del Huila en donde se ha registrado el mayor número de asesinatos de líderes sociales.

Como Manuel Guillermo Marriaga Martínez, de 50 años de edad, fue identificado el líder social asesinado durante la noche del pasado sábado 24 de mayo.

De acuerdo a las primeras informaciones, los hechos se presentaron en el barrio Villa Matoso del municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba.

Marriaga Martínez fue aspirante al Concejo de San José de Uré y recibió varios impactos de bala cuando se movilizaba en su motocicleta, por parte de sicarios que lo abordaron por una de las vías del sector.

Los hechos se presentaron en medio del toque de queda decretado por el gobierno departamental. El partido político ASI lo identificó como uno de sus militantes y pidió que las autoridades actúen pronto.

“Solicitamos a las autoridades competentes esclarecer pronto la muerte de nuestro excandidato y militante Manuel Guillermo Marriaga Martínez. A su familia y amigos nuestras condolencias, abrazo solidario. Paz en su tumba”, se lee en un trino del dicho movimiento político.

Un grupo de habitantes del resguardo López Adentro, de la vereda el Guabito del municipio de Caloto, Norte del Cauca, fue atacado por hombres fuertemente armados que aún no han sido identificados.

De acuerdo con la primera información, los delincuentes se movilizaban en una camioneta desde donde dispararon a la comunidad de una manera indiscriminada, cuando se encontraban en una actividad deportiva.

Según Jorge Sánchez, coordinador político del Consejo regional indígena del Cauca, en este ataque perdió la vida el joven Cristian Conda Conda, de 22 años.

“Aproximadamente a las 5:00 o 5:15 de la tarde, los muchachos estaban jugando y los hombres incursionaron y dispararon y desafortunadamente cayó el compañero Cristian (Conda)», dijo Sánchez citado en medios de Colombia.

Relató que «en su huida se llevaron por delante a la guardia y los puntos de control que estamos haciendo en el marco de la pandemia en Colombia».

“Lo que consideramos como Consejo Regional Indígena del Cauca es que es personal, que quizás hoy ven afectadas sus actuaciones porque estamos haciendo control territorial, hacia adentro y hacia afuera, y seguramente habrá gente que no está interesada en que nosotros fortalezcamos y sigamos defendiendo la vida y el territorio como pueblos indígenas”, explica Sánchez sobre el posible origen del ataque.

Olga Lucía Hernández fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de Puerto Nariño, jurisdicción del municipio de Cumaribo (Vichada) hasta 2019. En ese año renunció a su cargo y se lanzó al Concejo municipal con el aval del Partido Liberal.

No resultó elegida, sin embargo, eso no le impidió seguir trabajando por la comunidad campesina e indígena. En Puerto Nariño la recuerdan como la persona que siempre estaba gestionando ayudas alimentarias para familias y niños indígenas, y poniendo de manifiesto los problemas de su corregimiento, que está entre ocho y 10 horas por tierra del casco urbano de Cumaribo, o entre tres y cuatro horas en lancha por el río Vichada.

Hernández fue asesinada el pasado jueves 21 de mayo, cuando un hombre armado ingresó en su casa y le disparó. Según Juan Carlos Cordero, alcalde del municipio, es el primer asesinato de un líder social que se presenta desde hace cinco años en este territorio, es decir, después de la firma del acuerdo de paz.

Antes de 2016 en Cumaribo, el municipio más grande Colombia, había presencia de las FARC y del ELN. De hecho, en este municipio se reportan 18.420 víctimas de desplazamiento forzado, es decir, el 40 % de su población actual.

Sin embargo, “después del Acuerdo de Paz el orden público estuvo realmente calmado, la gente dejó los cultivos ilícitos, pero desde el año anterior los grupos armados ilegales vuelven a agarrar fuerza, y reapareció otra vez la coca, el narcotráfico”, dice el alcalde.

Esto era precisamente lo que le preocupaba a Olga Lucía Hernández, quien se había acercado donde el personero municipal Oswaldo Galvis para alertar sobre la presencia de actores armados y sobre lo vulnerable que se sentía por su condición de líder social en Colombia. “Nunca conocí una denuncia formal, pero se tenía información sobre la vulnerabilidad de la señora y se hizo saber ante el consejo de seguridad antes de su asesinato”, puntualizó Galvis.

El alcalde dice que esta situación termina por confirmar las solicitudes de protección que él ha venido haciendo ante la Policía y el Ejército de Colombia en la región, así como ante el Ministerio de Defensa.

“Yo hice un llamado en días anteriores, previo a esto, al Ministro de Defensa. Solicité al ministro que hiciéramos un consejo de seguridad porque me preocupa, yo hace ocho días vengo de una ruta por el río Vichada donde no vi ninguna presencia armada de ningún tipo, y si no hay presencia, otro se ubica. Cumaribo tiene casi 65.000 km2, más del 60 % del territorio del Vichada”, manifestó el mandatario.

Líderes sociales y defensores de DD. HH. asesinados en 2020

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) la lista de víctimas de líderes sociales en 2020 ya llegó a 111 víctimas.

Familiares y relacionados con líderes sociales y defensores de DD. HH. asesinados en 2020

Firmantes del Acuerdo de Paz y excombatientes asesinados en 2020

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